La Auditoría General señala un sobrepago de 10.170 millones de rupias al contratista de Diamer Bhasha

Un informe de auditoría de la Auditoría General de Pakistán ha señalado más de 10.170 millones de rupias pagadas al contratista principal de la presa de Diamer Bhasha después de que se cambiara el mecanismo de pago del contrato, en un proyecto en el que el avance financiero casi duplica el de la construcción.

El informe de 2025-26, difundido por Express News, registra que la obra física de la presa se situaba en el 19,95 por ciento a junio de 2025, mientras que el avance financiero había alcanzado el 39,67 por ciento.

Más de 73.310 millones de rupias destinadas a la adquisición de tierras y al reasentamiento de las personas afectadas se transfirieron a la cuenta bancaria del comisionado adjunto y recaudador de adquisición de tierras de Chilas entre octubre de 2010 y junio de 2021. El recaudador trasladó después más de 4.960 millones de rupias de ese dinero a 24 bancos privados, lo que la auditoría califica de infracción de las normas del tesoro, y recomienda que se determine la responsabilidad.

El contrato principal de construcción de la presa se adjudicó a una empresa conjunta de Power China y la Organización de Obras Fronterizas por más de 442.400 millones de rupias. La auditoría afirma que los criterios de cualificación del contratista no se aplicaron plenamente y objeta un contrato de servicios de consultoría de 27.180 millones de rupias. Señala que el método de selección fue primero el de calidad y coste y posteriormente se cambió a la selección basada en la calidad.

Sobre los 10.170 millones de rupias, el informe indica que el importe del hormigón compactado con rodillo en el presupuesto de obra se dividió en dos pagos y se alteró la vía de pago sin que se ejecutaran los trabajos correspondientes.

Se realizaron pagos por más de 20.520 millones de rupias sin deducir la retención del 10 por ciento debida según el acuerdo, un exceso de más de 674,5 millones de rupias. No se dedujeron a tiempo las cuotas de un anticipo de movilización de 1.920 millones de rupias, y se aprobó la recuperación de otros 1.120 millones de rupias en 50 cuotas.

La auditoría calificó de inapropiados más de 537,3 millones de rupias pagadas al contratista por oficinas e instalaciones residenciales para consultores, y cuestionó más de 104,2 millones de rupias pagadas contra una reclamación de alojamiento para personal de seguridad. Registró una pérdida de más de 100 millones de rupias por un cambio de diseño y más de 83 millones de rupias de pago adicional por tarifas anómalas utilizadas en trabajos de construcción. En el Cadet College de Chilas se colocaron baldosas de toba a tarifas superiores al baremo oficial, y el informe enumera unos 20 millones de rupias en costes de reparación de carreteras de Khyber Pakhtunkhwa que no se recuperaron, junto con objeciones sobre salarios de conductores y gasolina para vehículos blindados.

Se pagaron por adelantado más de 498,8 millones de rupias al comisionado adjunto y recaudador de adquisición de tierras de Kohistan por terrenos, y no se recuperaron más de 40 millones de rupias que el Gobierno de Gilgit-Baltistan debía por la operación y el mantenimiento de la central eléctrica.

De las 35.924 acres que debían adquirirse, se habían tomado 32.790 acres a junio de 2025, quedando 3.134 acres.

Cuatro de los 16 puestos del consejo de administración de la empresa creada para el proyecto estaban vacantes y sus estados financieros anuales de 2022-23 a 2024-25 no se prepararon, pese a las instrucciones del primer ministro de cubrir las vacantes. La auditoría registró un aumento de costes de más de 91.320 millones de rupias.

La finalización se fijó primero para junio de 2027. La fecha contractual es febrero de 2029, y el calendario ampliado sitúa la finalización prevista en 2030. El PC-I de la central eléctrica de 4.500 MW se aprobó en abril de 2023, pero al final del periodo de auditoría no se había adjudicado ningún contrato de construcción para ella.

La Auditoría General recomendó un examen completo de todos los asuntos financieros relacionados con la adquisición de tierras y los contratistas, y que se recuperen los pagos no autorizados y las cantidades pendientes.