Un operativo en un centro de llamadas de Karachi deja 273 detenidos mientras la agencia de ciberdelincuencia amplía su barrido

La Agencia Nacional de Investigación de Ciberdelincuencia de Pakistán detuvo a 273 personas en un centro de llamadas de Karachi el 4 de noviembre, según informó la agencia en un comunicado en redes sociales, en el que describió el lugar como una base para estafar a ciudadanos extranjeros.

El centro de llamadas, Voxtron Solutions, presuntamente se hacía pasar por representantes de instituciones financieras y ofrecía falsos planes financieros y ofertas de tarjetas de crédito a personas en el extranjero. Los agentes se incautaron de 339 portátiles, 152 teléfonos móviles y cuatro ordenadores durante el operativo.

Shehzad Akbar, director adicional de la NCCIA, declaró a Arab News que un estudio había identificado entre 300 y 350 centros de llamadas que operan en la ciudad. "Todavía no hemos tomado medidas legales contra todos ellos, pero procederemos contra ellos uno por uno", dijo.

Afirmó que este tipo de operaciones necesita poco espacio. "Básicamente solo necesitan un servicio informático mediante el cual puedan obtener información de tarjetas de crédito", dijo. "Estas actividades pueden llevarse a cabo desde una casa pequeña o un pequeño asentamiento residencial. Cuatro o cinco personas pueden gestionar una red así". Algunos grupos, dijo, utilizan varios vehículos para cambiar de ubicación mientras cometen el fraude.

La agencia había registrado antes dos causas penales contra la misma empresa, dijo Akbar. Los investigadores solo nombraron a los propietarios en esas causas y dejaron fuera a empleados con habilidades técnicas, que después reanudaron su trabajo. "El problema es que cuando no se registran causas contra los empleados, estos quedan libres, aunque la habilidad específica necesaria para estas actividades está en ellos", dijo. Los empleados y sus familiares pueden reiniciar la actividad con nombres de empresa diferentes en el mismo local, y la diferencia entre los nombres registrados y los operativos dificulta a los investigadores vincularlos.

Las investigaciones preliminares indican que los empleados se hacían pasar por representantes de bancos extranjeros y servicios de verificación de préstamos para obtener información personal y financiera de clientes en el exterior. Los datos de las tarjetas se pasaban a comerciantes vinculados a empresas registradas en Estados Unidos, donde podían realizarse transacciones no autorizadas. Los investigadores han identificado a un comerciante y están revisando transacciones financieras para trazar la red.

Akbar dijo que el operativo se produjo tras un aviso local, no a partir de información de un gobierno extranjero o de una agencia internacional de aplicación de la ley.

Las familias de los empleados detenidos protestaron después de las detenciones, alegando que algunos de los arrestados, incluidos jóvenes, no sabían del trabajo ilegal de la empresa. Akbar dijo que el anuncio de contratación fijaba una edad mínima de 18 años, pero se alega que también se empleó a personas más jóvenes para reducir costos.

En una audiencia el 5 de noviembre, el magistrado judicial del Este, Gulriz Memon, ordenó la liberación bajo fianza de 98 mujeres y dos menores de edad, con una fianza de 5.000 rupias cada uno, y ordenó verificar las edades de los menores. Nueve sospechosos principales, entre ellos los propietarios de la empresa, quedaron bajo custodia de la NCCIA por dos días de detención física. El resto fue enviado a prisión en detención judicial.

El oficial investigador presentó una notificación del departamento del Interior de Sindh que declara el edificio del centro de llamadas una subcárcel temporal, citando preocupaciones de seguridad y la dificultad de trasladar a tantos detenidos.

Akbar dijo que la agencia seguirá examinando transacciones financieras y pruebas digitales para identificar a los responsables y tomar medidas contra ellos.